¿PUEDE EL ESTADO SALVADOREÑO CAMBIAR EL SISTEMA DE PENSIONES?

De acuerdo al Art.50 inciso 1 de la Constitución de la República de El Salvador:  

"La seguridad social constituye un servicio público de caracter obligatorio. La Ley regulará sus alcances, extensión y forma".  

Y el inciso 2 de la misma disposición agrega: "Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre si la adecuada coordinación para asegurar una buena politica de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los recursos".

Como vemos, la seguridad social, y entiendase, las pensiones sociales es un servicio público que esta bajo la responsabilidad del Estado, por lo tanto, éste último si puede cambiar el sistema adecuandolo a los supuestos de la norma constitucional. 

Las instituciones a que se refiere el inciso 2 arriba transcrito, se deben entender instituciones públicas por el contexto en que se encuentran, pero por alguna razón el legislador de 1996, admitio a entidades privadas, como son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), como instituciones que presten el servicio de pensiones sociales, las cuales cobran una comsión por administración de fondos.

 ¿Si es un servicio público, por qué debe pagar el trabajador una comisión a dichas Administradoras de Fondos de Pensiones, por qué no lo hace el Estado si el servicio le corresponde a él?. Bueno, no vamos a entrar a ese tema porque de por si ya es muy engorroso tratarlo.

Sin embargo, se tiene conocimiento que en España existen Administradoras de Fondos de Pensiones privadas que no cobran por administración de fondo, pues su rentabilidad en los mercados financieros internacionales es lo suficientemente holgada para tener un margen de ganancia optimo.

Lo anterior contrasta con el desempeño de las Administradoras de Fondos de Pensiones en El Salvador, que estan amarradas por ley a invertir casi el 70% de sus fondos en títulos del Estado salvadoreño con poca o ninguna rentabilidad, lo cual, a la larga hace ineficiente el sistema para el cotizante que busque jubilarse con una buena pensión. 

Es inaceptable que las Administradoras de Fondos de Pensiones salvadoreñas se jacten de tener una calificación de riesgo AA, solamente basada en su solido patrimonio, y gestión como empresa, cuando el desempeño de su cartera de inversión quizás no llegaría a esa misma calificación.

¿Un cambio de sistema de pensiones, digamos uno de los llamados "mixtos" hará que el sistema colapse?. Quizas si, quizas no. Dependerá de la habilidad administrativa de las instituciones encargadas, pero independientemente de eso, las pensiones son una deuda del Estado para con los trabajadores desde cualquier punto de vista, por lo cual, las modificaciones al sistema son admisibles.

Can the International Reserves help the pension problem in El Salvador?

As we know the international reserves basically is used to direct funding imbalances in the balance of payments. In El Salvador since 1998 the internal debt has growing until to reach the 68% of the GDP in 2015, but it was in 2006 when the Salvadorean ex-president Elias Antonio Saca has the idea to use the private pension funds money to finance the national debt, so in this sense it was created the "Fideicomiso de Obligaciones Previsionales" or Trust Pension Obligations. 
The objetive of this trust is to get money from the private pension funds companies and forcing them to buy securities issued by the Trust and recognizing only the 1.80% of interest. Of course this is a disadvantage for the pension contributors because they don´t see to grow his saves in the funds. 
Now, the private pension funds money will not be forever and the contributors of today will become the pensioners of tomorrow, so this is a problem.

By law, the Salvadorean state have the obligation to provide a pension for every worker, but how to do it if there´s no money? Why not to use the international reserves if the pension obligations are national debt of the salvadorean state?, is this a imbalance in the balance of payments?.
Sure it is, but for that the international reserves must to be investment in a continue way and profitable in the financial markets. Can the Salvadorean Central Bank do that?. Again yes. 

The pension obligations are part of the state´s debt and this obligation is more specific when we are talking about hundreds and hundreds Salvadorean pensioners (more than 6,000 millions), his payment is responsibility of the state, not from the private pension funds companies as the government it led to believe.
That´s why today the pensions theme has appeared in every national media and nobody wants to be a victim of a state pension system.

So, what should be done?.  First, to create a "National Sovereign Wealth Fund" or SWF, and second, to create a strategy about how to the SWF will trade in the international markets profitably to leverage the pensions in charge of the Salvadorean state.

La Bolsa y el Proceso de Privatización de las Telecomunicaciones en El Salvador.

La Bolsa de Valores de El Salvador, fue fundada en 1992 por el recordado Dr. Guillermo Hidalgo Quehl, quien junto con el grupo promotor de dicho organismo obtuvieron finalmente la autorización del entonces Ministerio de Economía salvadoreño; cumpliendo con los requisitos exigidos tanto en el Código de Comercio como en la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

A partir del año antes citado, la Bolsa comenzó a operar como mercado bursatil formalmente establecido para la compraventa y venta de titulos valores representativos de sociedades, obligaciones tanto públicas como privadas, y contratos de préstamos de titulos como son los reportos.

Es de destacar que entre los primeros clientes que tuvo la Bolsa de Valores salvadoreña se encontraba el Banco Central de Reserva de El Salvador, el Estado de El Salvador, y el Ministerio de Hacienda, los cuales colocaban en bolsa títulos de deuda como los llamados Certificados de Estabilización Monateria, Certificados de Inversión, Letras de Hacienda que luego se llamaron letes, y por supuesto los contratos de reporto.

Para 1993 se habian autorizado tanto por la Bolsa de Valores como por la Superintendencia del Sistema Financiero cerca de 16 Casas Corredoras de Valores, y se crea la Central de Depósito de Valores o CEDEVAL que serviría como entidad de resguardo de valores, tanto físicos como electronicos. A ese año ya se habian negociado en Bolsa más de 250 millones de colones solo en títulos.

Para 1996 comienza un proceso de privatización de algunos de los activos más importantes del Estado salvadoreño tales como las telecomunicaciones, y las pensiones.

Como sabemos, todo proceso de privatización de activos públicos para convertirse en activos privados, es costumbre mercantil que dicho proceso se lleve a cabo por medio de subastas al mejor postor, entendiendose por el mejor postor, el que más dinero ofrece por la compra de esos activos ofrecidos por el Estado, para luego administrarlos bajo la forma de una sociedad o empresa dedicada a ese activo, y donde logicamente sus acciones o participaciones deberian transparentarse al ser subastadas por medio de una bolsa de valores, lo cual en el caso salvadoreño para las telecomunicaciones en 1996 NO SUCEDIO ASÍ.

¿Por qué no sucedió así?. Bueno, podemos argumentar que entre 1996-1998, el gobierno del entonces presidente Armando Calderón Sol, al promulgar las leyes de privatización de las telecomunicaciones; DICHA LEY FUE DISEÑADA PARA QUE NO CONSIDERARA la subasta de tales activos como posturas públicas por medio de una Bolsa de Valores, sino como TRATOS DIRECTOS con los oferentes por los activos, en donde por supuesto, el control de la negociación lo tenía gobierno de turno.

En conclusión, ¿por qué la Bolsa de Valores de El Salvador no intervino en el proceso de privatización de las telecomunicaciones?. Al parecer quienes hicieron la ley, posiblemente no sabian que ya existía en El Salvador, una ley de mercado de valores para ser usada. En todo caso, queda claro que los procesos de privatización que realizó el Estado salvadoreño se caracterizarón más por su "opacidad", que por su transparencia de cara a los intereses de la ciudadanía.